La Procuraduría General de la Nación le recordó a los alcaldes municipales el informe preventivo denominado "Capacidad de adaptación de los municipios de Colombia al cambio climático", el cual tiene como objetivo generar recomendaciones a nivel técnico y jurídico que sirvan de insumo para afrontar las responsabilidades y retos que implica la implementación de programas, proyectos territoriales y políticas públicas en materia de adaptación a este fenómeno.

En dicho informe se señalan algunas recomendaciones para las administraciones territoriales, entre otras, que es necesario incorporar medidas de adaptación específicas al contexto de cada municipio, teniendo en cuenta las características de población, tipos de geografía predominantes, las comunidades ubicadas en áreas de riesgo, la economía y la distribución de la comunidad en sus zonas rurales y urbanas, entre otras, con el fin de determinar su vulnerabilidad y las oportunidades que puede tener de adaptación a nivel local.

De igual forma, en materia de ordenamiento territorial, es poco alentador el diagnóstico del informe, se indica que el 63% de los municipios acepta no haber actualizado el instrumento de ordenamiento territorial y el 82% reconoce que tienen población asentada en zonas de riesgo.

En cuanto a minería, el estudio arrojó que un 61% de los municipios tiene ese tipo de actividad en su perímetro, de los cuales el 25% es ilegal y el 85% de los municipios encuestados asegura no contar con estudios sobre cambio climático en su jurisdicción.

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, señala que la adaptación al cambio climático es un proceso que demanda la articulación de diferentes actores que involucren diversos sectores, por lo que recomendó que es necesario diagnosticar la vulnerabilidad de la población, así como el medio biofísico, social y económico para poder diseñar las estrategias específicas de adaptación que más se ajusten a la realidad.

Por último, la Procuraduría le indicó a los mandatarios municipales que el objeto es el de insistir en la necesidad de incorporar la variable de cambio climático en las políticas locales, especialmente en el proceso de construcción de los planes de Desarrollo municipal que se encuentran adelantando en la actualidad.